La situación de inseguridad que atraviesa el sector del transporte urbano en Lima ha alcanzado niveles críticos. Según datos oficiales difundidos por la Policía Nacional del Perú, se han registrado hasta ahora 64 conductores asesinados a manos de presuntos sicarios o extorsionadores durante lo que va del año 2026. Ante este alarmante balance, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ha alertado sobre una preocupante normalización de la muerte en su gremio y ha denunciado que el asedio criminal se ha acentuado sin que las autoridades tomen medidas efectivas.
Extorsión generalizada y nuevas modalidades delictivas
Vargas explicó durante una entrevista radial que la crisis de seguridad no distingue entre rutas ni zonas geográficas, afectando al 100% de las compañías de transporte. La modalidad criminal ha evolucionado hacia un cobro directo en las unidades móviles. Los delincuentes exigen montos aproximados de 20 soles diarios a los conductores, aprovechando el manejo frecuente de dinero en efectivo y la falta de control policial en los paraderos.
«Todas están siendo extorsionadas... al 100%», afirmó Vargas. El dirigente precisó que las organizaciones criminales no atacan directamente a las oficinas de las empresas, sino que se dirigen a las unidades y a los conductores, quienes portan el dinero del momento. Esta estrategia ha permitido a los agresivos tener mapeadas las placas de los vehículos e incluso la información personal de los trabajadores, demostrando un nivel de organización superior al de las autoridades encargadas de la seguridad pública, según Contexto Peruano.
El impacto en la operatividad y la vida cotidiana
Las consecuencias de esta ola violenta se reflejan directamente en la operación del transporte público. El miedo a perder la vida ha provocado que numerosos conductores abandonen el sector para dedicarse a otras actividades, lo que deja vacantes difíciles de cubrir. Como resultado, algunas empresas operan actualmente solo entre el 30% y el 40% de su capacidad normal.
«Lo que más duele quizás como persona... es la costumbre de que maten a nuestros conductores y no se diga nada», señaló Vargas con pesar. Esta percepción de impunidad ha generado un clima de desesperanza entre los trabajadores, quienes sienten que el sistema ha normalizado su sacrificio sin ofrecer protección real, de acuerdo con Peru21.
Propuestas gremiales frente a la inacción estatal
Frente al estancamiento institucional, Vargas calificó como «letra muerta» las normas aprobadas el año pasado destinadas a crear unidades de élite con participación conjunta de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Considera que su reglamentación fue deficiente para evitar la asignación real de recursos e inteligencia.
Como solución inmediata, el gremio propone medidas concretas: una intervención seria en los penales bajo régimen de aislamiento total para extorsionadores, el control territorial mediante cuadrantes integrados con cámaras de vigilancia y la prohibición estricta del transporte compartido en motocicletas. Estas acciones buscan frenar el avance criminal que hoy paraliza a miles de familias limeñas.
