La justicia peruana ha dictado sentencia contra Nelson Carrillo Sullayme, agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quien fue condenado a cinco años de prisión efectiva. La resolución corresponde al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el marco de las investigaciones por el delito contra la administración pública.
Detalles del hallazgo y detención
Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el 15 de septiembre de 2026 a las 7:00 horas. En ese momento, Carrillo Sullayme intentó ingresar al penal de Socabaya por la puerta principal portando una mochila. Durante los procedimientos rutinarios de revisión, el personal detectó una costura irregular en la parte posterior del bolso.
Al inspeccionar un compartimento oculto dentro de la prenda, se hallaron aproximadamente 50 tarjetas micro SIM y tres fajos de dinero. La verificación posterior confirmó que las microchips pertenecían a la empresa Entel; la mayoría presentaba cobertura activa y once contaban con saldo para realizar llamadas telefónicas.
Acuerdo terminación anticipada
Frente a estas evidencias, la Policía dispuso el lacrado e incautación de las pruebas materiales y procedió a la detención del investigado. Durante la audiencia judicial, el procesado reconoció los cargos formulados por el Ministerio Público y aceptó su responsabilidad penal y civil.
En consecuencia, tanto la Fiscalía como la defensa arribaron a un acuerdo para la terminación anticipada del proceso. El imputado fue declarado responsable de la modalidad de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación en centros de detención, previsto en el artículo 368-A del Código Penal, tema que ya cubrimos en Arequipa: ODPE detalla causales para excusarse como miembro de mesa.
Sentencia y reparación civil
La medida cautela impuesta por el juzgado incluye la inhabilitación para ejercer su cargo actual y cualquier mandato, empleo u comisión pública durante cinco años. Además, se determinó una reparación civil de S/ 25 000 a favor del Estado.
Sobre este monto, ya habían sido cancelados previamente S/ 10 000, quedando pendiente el pago restante de S/ 15 000 dentro del plazo establecido por la condena. La sentencia se dictó en agravio del Estado, representado por el procurador público del INPE.
