La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) declaró la prescripción de 11 informes de control elaborados por la Contraloría General de la República. Esta decisión, registrada en la Resolución Gerencial General Regional N.° 578-2026/GGR, impide el inicio de procesos administrativos contra servidores y funcionarios involucrados en presuntas irregularidades detectadas entre los años 2018 y 2021.
Exceso de carga procesal
La medida responde a la sobrecarga procesal que enfrenta actualmente la entidad regional. Según establece la normativa vigente, la administración pública dispone de un plazo de tres años para iniciar acciones disciplinarias desde el momento en que se comete la falta. A este periodo se sumó una ampliación excepcional de cinco meses y quince días, derivada de las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia de COVID-19.
No obstante, varios de los casos objeto de prescripción permanecieron sin atención administrativa por más de cuatro años. Esta demora ha generado nuevos cuestionamientos sobre la capacidad operativa del GRA para sancionar a sus servidores ante denuncias de mala gestión o perjuicio al erario regional.
Obra en Castilla y Paucarpata
Entre los informes que quedaron sin posibilidad de acción administrativa se encuentra la auditoría sobre la construcción del puente Punta Colorada y sus accesos, ubicada en la provincia de Castilla. El documento de la Contraloría detectó un presunto perjuicio económico superior a los cinco millones de soles e identificó presunta responsabilidad administrativa para seis trabajadores.
Otro caso relevante corresponde a la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado destinada a las partes altas del distrito de Paucarpata. La auditoría evidenció un presunto perjuicio económico de 7,4 millones de soles e involucró a 14 servidores públicos con posibles responsabilidades administrativas. Ambos informes fueron presentados en agosto de 2018.
Proyecto Río Arma
También se encuentra entre los casos prescritos la auditoría realizada en 2019 sobre la adquisición de tuberías de PVC para el proyecto del río Arma. En este proceso, se identificó un perjuicio económico estimado en 2,8 millones de soles y la participación de ocho servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa.
