Arequipa: Ministerio Público alerta sobre delitos electorales y sanciones severas
Despliegue de 204 fiscales garantizará orden en las elecciones del 4 de octubre; conozca los ilícitos más frecuentes.
El Ministerio Público ha preparado un despliegue especial para garantizar el orden durante las elecciones provinciales y regionales del próximo 4 de octubre en la región Arequipa. Con este fin, se han asignado 204 fiscales dedicados a la prevención del delito dentro de los locales de votación. Además, operarán 30 fiscales encargados de delitos comunes y otros 16 especializados exclusivamente en materia electoral.
Operativos y fiscalización desde el cierre de campaña
Las labores de fiscalización iniciaron este 2 de octubre con la clausura oficial de las campañas electorales. Estas acciones continuarán durante la verificación del traslado del material electoral hacia los locales correspondientes, concluyendo cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reciba todo el acopio tras la jornada comicial.
La fiscalización incluye verificar que las autoridades cumplan sus funciones específicas: la Policía Nacional se encarga del orden externo y el Ejército del resguardo interno. Para el día de los comicios, se realizarán operativos bajo ley seca y el retiro estricto de propaganda electoral. Se considera propaganda cualquier cartel o incluso vestir una prenda con símbolos partidarios.
Principales delitos electorales en la región
Entre las irregularidades más frecuentes figura la suplantación de votantes, es decir, acudir a sufragar utilizando la identidad de otra persona. También se registra la compra de votos mediante dinero o regalos; y la coacción al elector con amenazas para obligar el voto por un candidato, como contamos en Arequipa: ODPE recibe material para capacitar mesas de ERM 2026.
El Ministerio Público advierte sobre la alteración del material electoral, la perturbación violenta del proceso y el porte de armas durante la jornada, aun con licencia. Impedir el desarrollo del acto mediante disturbios constituye delito sancionado con hasta 10 años de pena privativa de libertad.
