Minera Caravelí ha denunciado un asedio violento iniciado el pasado 14 de junio por parte de más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro, quienes han bloqueado sus instalaciones en la provincia de Pataz, región La Libertad. Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la compañía, informó que este bloqueo tiene como objetivo tomar el control de áreas de concesión para realizar actividades mineras propias y ha derivado en un estado de indefensión donde todo el personal se encuentra secuestrado dentro del campamento.
Ambos lados cercados y riesgo inminente
Según lo detallado por Zea, la tensión entre las partes se intensificó recientemente debido a que los manifestantes han comenzado a cercar el campamento minero con la supuesta intención de capturar al gerente de operaciones, quien aún permanece dentro de la unidad de producción. El ejecutivo advirtió sobre un riesgo inminente de agresión física contra este directivo y calificó el escenario como una emergencia extrema.
«Esta es una llamada de pedido de auxilio y de socorro urgente porque nos sentimos en un abandono total», denunció Zea, quien señaló que no se permite ni el ingreso ni la salida de ninguna persona vinculada a la compañía desde hace semanas.
Falta de respuesta institucional
El gerente explicó que una dificultad principal para recibir apoyo radica en la ubicación geográfica de las instalaciones, pegadas al distrito de Tayabamba. A diferencia de otras áreas como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto debido a estados de emergencia declarados, el sector donde trabaja Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. Zea afirmó que esta fuerza no ha intervenido a pesar de las alertas sobre el riesgo inminente y que los pedidos de auxilio presenciales presentados ante la Policía en Trujillo no han recibido respuesta formal.
Impacto operativo y ambiental
El conflicto, liderado por el presidente de la comunidad Majín Sánchez, ha obligado a las directivas a firmar documentos bajo coacción. Además del parálisis productivo, se reporta un riesgo ecológico en Huailillas, ya que los manifestantes impiden el funcionamiento de las bombas encargadas de proteger la calidad del agua, situación que ya fue reportada ante la fiscalía ambiental.
