La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear las carreteras en el departamento de La Paz dejó un saldo de 47 personas detenidas y cinco heridas. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que hacia el final de la tarde se registraron los detenidos en las ciudades de La Paz y El Alto, a quienes se buscó asignar abogados de defensa pública. Asimismo, se confirmó que cinco ciudadanos, algunos con afectaciones oculares y faciales, recibieron atención médica durante los enfrentamientos.
Agresiones a la prensa y confrontaciones
La entidad también verificó agresiones e impedimentos al trabajo de periodistas en cobertura de los hechos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos informadores sufrieron lesiones en el sur de La Paz, en un sector conocido como Lipari, donde bloqueadores organizaron una emboscada. Uno de los comunicadores fue retenido con violencia y le destruyeron su teléfono móvil. Callisaya exhortó a proteger la labor de los informadores y señaló que hay situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos, además de afectaciones humanitarias por la prolongación del conflicto, que lleva once días.
Exigencias de la COB y el Gobierno
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz mantienen sus protestas callejeras y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país. Durante la jornada, se realizó una operación conjunta para despejar las vías y abrir un corredor humanitario para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal. Sin embargo, la resistencia en la zona de Río Seco en El Alto fue intensa, con lanzamientos de piedras y dinamita contra gases lacrimógenos.
Llamado al diálogo
Ante la escalada de tensión, el Gobierno ordenó el repliegue de policías y militares para evitar un derramamiento de sangre. El defensor del Pueblo remarcó que la prioridad debe ser la protección de la vida y la integridad, y anunció que analiza con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio para la desescalada del conflicto y la reconciliación. La entidad continúa verificando denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos y movilizaciones.
