Cuando la luz se va en un hogar peruano, no solo se apaga un foco. Se detiene la vida cotidiana: el niño que hacía su tarea, la madre que preparaba la cena, el pequeño negocio que dependía de un refrigerador encendido. La crisis energética que atraviesa el Perú no es solo un problema de megavatios o líneas de transmisión; es una herida abierta en el tejido más íntimo de nuestras comunidades.
Y lo más doloroso es que esta crisis no llegó de la noche a la mañana. Se gestó durante años, alimentada por la improvisación política, la falta de planificación y una peligrosa dependencia de fuentes energéticas vulnerables. Como lo advierte un análisis publicado por Caretas, el costo de separar la política de la economía es, precisamente, este: un Estado frágil que reacciona tarde y mal cuando la emergencia ya está tocando la puerta de cada familia.
Un problema que viene de lejos: la deuda invisible con el futuro
El Perú cuenta con un enorme potencial energético. Recursos hídricos en los Andes, gas natural en Camisea, sol en la costa y viento en diversas regiones. Sin embargo, la paradoja es cruel: con tanta riqueza natural, el país enfrenta déficits reales de generación eléctrica y una infraestructura de transmisión que no ha crecido al ritmo de la demanda.
Durante las últimas dos décadas, la inversión en el sector energético fue perdiendo prioridad en la agenda pública. Los sucesivos gobiernos —atrapados en crisis políticas, vacancies y pugnas entre poderes— dejaron de lado proyectos estratégicos de mediano y largo plazo. Las concesiones se estancaron, las licitaciones se retrasaron y la planificación energética quedó relegada a documentos técnicos que nadie con poder de decisión terminaba de leer.
El resultado es un sistema eléctrico que opera al límite. Según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), la reserva de generación eléctrica se ha reducido significativamente en los últimos años, acercándose a niveles que los especialistas consideran críticos.
La desconexión entre política y economía: un divorcio que pagamos todos
Uno de los aspectos más reveladores de esta crisis es cómo evidencia la fractura entre las decisiones políticas y las necesidades económicas reales del país. Mientras el Congreso y el Ejecutivo se enfrascan en disputas que poco tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, sectores estratégicos como la energía quedan sin timón.
La planificación energética requiere visión de Estado, no de gobierno. Necesita acuerdos que trasciendan los ciclos electorales, inversiones que maduren en 10 o 15 años y marcos regulatorios estables que atraigan capital privado. Nada de eso es posible cuando la inestabilidad política se convierte en norma: seis presidentes en cinco años no es solo una anécdota; es una sentencia para cualquier proyecto de largo aliento.
La dependencia del gas de Camisea, que representa cerca del 40% de la generación eléctrica nacional, ilustra otro flanco vulnerable. Cualquier problema en el ducto de transporte —ya sea por mantenimiento, conflictos sociales o desastres naturales— pone en riesgo el abastecimiento de millones de peruanos. Y no se han desarrollado alternativas suficientes para diversificar la matriz energética de manera efectiva.
Las comunidades andinas y rurales: las más golpeadas por la crisis
Como suele ocurrir en el Perú, quienes más sufren las consecuencias de la inacción estatal son las comunidades más alejadas. En muchas zonas de los Andes y la Amazonía, el acceso a la electricidad sigue siendo precario o inexistente. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, aún existen cientos de miles de hogares sin cobertura eléctrica, concentrados principalmente en regiones como Cajamarca, Huancavelica, Loreto y Amazonas.
Para estas familias, la crisis energética no es una noticia en un titular; es su realidad de cada día. Es cocinar con leña porque no hay otra opción, es caminar horas para cargar un celular, es ver cómo sus hijos quedan rezagados en un mundo cada vez más digital. La brecha energética es también una brecha de oportunidades, y ampliarla significa condenar a generaciones enteras al aislamiento.
"No pedimos lujos, pedimos lo básico: que la luz llegue a nuestras casas para que nuestros hijos puedan estudiar de noche", expresan voces recurrentes en las comunidades altoandinas, reflejando una demanda tan simple como urgente.
¿Hay salida? El camino pasa por la voluntad y la coherencia
Los especialistas coinciden en que la solución existe, pero requiere algo que ha escaseado en el Perú: voluntad política sostenida y coherencia entre el discurso y la acción. Entre las medidas más urgentes se encuentran la aceleración de proyectos de generación renovable —solar y eólica—, la diversificación de la matriz energética, la modernización de las redes de transmisión y distribución, y la creación de mecanismos que garanticen inversión continua independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
También es fundamental fortalecer la institucionalidad del sector. Organismos como Osinergmin y el propio Ministerio de Energía y Minas necesitan autonomía técnica real y presupuestos adecuados para cumplir su rol regulador y planificador sin estar sujetos a los vaivenes de la coyuntura política.
Pero quizás lo más importante es que la sociedad peruana entienda que la energía no es un tema técnico ajeno a la vida diaria. Es salud, educación, trabajo, seguridad. Es la posibilidad de que una comunidad en Huancavelica pueda conservar sus alimentos, de que un emprendedor en Juliaca pueda mantener su taller abierto, de que una niña en Chachapoyas pueda hacer su tarea con una lámpara encendida.
La crisis energética del Perú es, en el fondo, una crisis de prioridades. Y resolverla empieza por reconocer que separar la política de la economía —y de la vida real de las personas— es un lujo que este país ya no puede permitirse.
