Especialistas de la Universidad del Pacífico han alertado sobre la necesidad urgente de aplicar prudencia en la política fiscal del Perú, tras confirmar que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó el 3,6% del PBI en 2024. Este resultado no solo supera el límite legal establecido del 2,8%, sino que marca un nuevo incumplimiento consecutivo de la regla de balance estructural, un hecho que ha elevado la prima de riesgo soberano y debilitado la confianza de los ciudadanos en la gestión económica del Estado.
Un desafío para la estabilidad de las familias
La situación fiscal actual representa un desafío directo para la estabilidad de las comunidades andinas y urbanas, ya que el desequilibrio en las cuentas públicas puede derivar en menores recursos para servicios esenciales. El incumplimiento de la norma de balance estructural, que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, genera incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para mantener programas sociales y de infraestructura que son vitales para el desarrollo regional. Esta realidad económica afecta la percepción de seguridad que las familias tienen sobre su futuro inmediato.
La voz de los expertos y la confianza nacional
Los académicos de la Universidad del Pacífico enfatizan que la confianza en la política económica es un activo frágil que requiere ser protegido con decisiones responsables. Al señalar que la prima de riesgo soberano se ha elevado, los expertos indican que los mercados y los inversionistas están reaccionando con cautela ante la falta de disciplina fiscal. Para el tejido social peruano, esto significa que la recuperación económica y el bienestar de las comunidades podrían verse comprometidos si no se adoptan medidas correctivas con prontitud y transparencia.
"La prudencia en la política fiscal es urgente para recuperar la confianza y asegurar el bienestar de todas las familias peruanas".
En este contexto, la comunidad espera que las autoridades prioricen la salud financiera del país sin descuidar las necesidades de las regiones más vulnerables. La gestión de los recursos públicos debe entenderse como un compromiso con la identidad y el progreso colectivo, donde cada centavo invertido debe contribuir a fortalecer la soberanía y la dignidad de los peruanos. La ruta hacia la recuperación pasa por el cumplimiento estricto de las normas fiscales y una comunicación clara que restaure la fe en la gestión estatal.