El Gobierno de Ecuador ha elevado oficialmente la alerta climática de amarilla a naranja, clasificada como peligro alto, en 17 de las 24 provincias del país. Esta decisión responde a la amenaza inminente del fenómeno El Niño y busca coordinar una respuesta inmediata ante posibles eventos meteorológicos extremos.
Plan Nacional y Alerta Naranja
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), liderada por Carolina Lozano, confirmó durante una rueda de prensa que la alerta naranja regirá en 17 provincias y afectará directamente a 143 municipios. Además, se dio a conocer la aprobación del Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.
Este plan ha sido declarado como una prioridad nacional por parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. La institución realizó una reunión extensa junto a diversas entidades estatales para evaluar la evolución actual del fenómeno y definir las medidas preventivas más adecuadas para proteger a la población vulnerable.
Monitoreo Permanente e Inversiones
Carolina Lozano anunció que se implementará un sistema de monitoreo permanente, garantizando información regular hacia la ciudadanía. Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, detalló que las condiciones oceánicas ya están dadas para considerar al El Niño en fase de observación activa.
Luque explicó que el calentamiento del océano está generando efectos visibles inmediatos, como cambios en la pesca y el avistamiento de aves. Sin embargo, advirtió sobre escenarios futuros más críticos, incluyendo sequías severas en la Amazonía e incendios forestales. Para mitigar estos riesgos, se destinaron cerca de 600 millones de dólares a inversiones para obras de infraestructura, mantenimiento preventivo y equipamiento.
Impacto Electoral
La anticipación ante este fenómeno climático también ha tenido consecuencias políticas directas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones locales previstas originalmente para febrero de 2027 al próximo 29 de noviembre de 2026, buscando evitar que lluvias e inundaciones dificulten el desarrollo democrático.
