El Perú vive una de las contiendas electorales más multitudinarias de su historia reciente. Con 35 candidatos inscritos en la carrera por la presidencia, la pregunta que resuena con más fuerza entre los ciudadanos no es sobre la economía ni la educación: es cómo frenar al crimen organizado que ha ido ganando terreno en barrios, mercados y comunidades a lo largo y ancho del país.
Para millones de familias peruanas, la inseguridad dejó de ser una estadística lejana. Hoy es una realidad que se vive en las calles de Lima, en los valles de la sierra y en las ciudades fronterizas del norte. Y los candidatos lo saben: quien logre convencer a la población de que tiene la receta para devolver la tranquilidad podría destacarse en una contienda donde ninguno supera con holgura en las encuestas.
Un país que clama por seguridad
Las cifras hablan por sí solas. En los últimos años, Perú ha experimentado un incremento sostenido en delitos como la extorsión, el sicariato y el narcotráfico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los peruanos percibe que la inseguridad ciudadana es el principal problema del país.
Las organizaciones criminales, antes concentradas en zonas de producción de coca como el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), han expandido sus operaciones hacia las grandes ciudades. La extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana para comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, especialmente en regiones como La Libertad, Lambayeque y la propia capital.
Este clima de temor ha transformado el debate electoral. Los candidatos se ven obligados a presentar propuestas concretas, aunque muchas de ellas se inclinan hacia el endurecimiento de penas y la militarización de la seguridad pública, un enfoque que genera tanto adhesiones como críticas entre los especialistas.
Propuestas de mano dura y voces de cautela
La mayoría de los aspirantes a Palacio de Gobierno ha optado por un discurso de mano dura. Las propuestas incluyen desde la declaratoria de estados de emergencia permanentes en zonas críticas hasta la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, pasando por la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y el endurecimiento de las penas para delitos como la extorsión y el sicariato.
Sin embargo, expertos en seguridad ciudadana advierten que las respuestas puramente punitivas tienen un alcance limitado. Analistas señalan que las propuestas centradas exclusivamente en el castigo, como las que predominan en esta campaña, pueden generar réditos electorales a corto plazo, pero no abordan las raíces estructurales del problema: la pobreza, la falta de oportunidades, la debilidad institucional y la corrupción que permea el sistema de justicia.
La experiencia de países vecinos como Ecuador y El Salvador, que han adoptado medidas drásticas contra el crimen organizado con resultados dispares, también alimenta el debate. Mientras algunos candidatos miran con admiración el modelo salvadoreño del presidente Nayib Bukele, otros advierten sobre los riesgos para los derechos humanos y las libertades civiles que este tipo de enfoques puede acarrear.
La fragmentación política complica las soluciones
Con 35 candidatos en la papeleta electoral, la fragmentación del voto es prácticamente inevitable. Las encuestas muestran un escenario donde ningún candidato logra consolidar un liderazgo claro, y muchos electores se declaran indecisos o descontentos con todas las opciones disponibles.
Esta dispersión no solo dificulta la elección de un presidente con mandato fuerte, sino que también complica la posibilidad de implementar políticas de seguridad coherentes y sostenidas en el tiempo. Perú ha tenido seis presidentes en los últimos siete años, una inestabilidad política que ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar amenazas complejas como el crimen organizado.
La desconfianza ciudadana hacia la clase política es otro factor determinante. Muchos peruanos ven con escepticismo las promesas electorales, conscientes de que gobiernos anteriores también prometieron acabar con la inseguridad sin lograr resultados tangibles. Esta frustración alimenta tanto la apatía como la búsqueda de figuras que prometan soluciones radicales.
Lo que está en juego para las comunidades
Más allá del debate entre candidatos y analistas, lo que está en juego es la vida cotidiana de millones de peruanos. En los mercados de las provincias andinas, los comerciantes pagan cupos a extorsionadores para poder trabajar. En los barrios populares de Lima, las familias viven con miedo de que sus hijos sean reclutados por bandas criminales. En las zonas rurales, el narcotráfico sigue corrompiendo economías locales y destrozando el tejido social.
Para las comunidades andinas, la seguridad no es solo un tema policial: está entrelazada con la posibilidad de mantener sus tradiciones, sus formas de vida y su identidad. Cuando el crimen organizado se instala en un territorio, no solo roba bienes materiales; erosiona la confianza entre vecinos, debilita las organizaciones comunitarias y silencia las voces que durante generaciones han sostenido la vida colectiva.
La verdadera seguridad no se construye solo con más policías o cárceles, sino con comunidades fortalecidas, con oportunidades para los jóvenes y con un Estado que escuche a su gente.
Las elecciones presidenciales de Perú serán, en gran medida, un referéndum sobre la seguridad. Los 35 candidatos tienen ante sí el desafío de ir más allá de los eslóganes y presentar propuestas que realmente respondan a la angustia de un pueblo que quiere vivir en paz. El crimen organizado es un enemigo complejo que no se vence con discursos, sino con instituciones sólidas, voluntad política genuina y, sobre todo, con la participación activa de las comunidades que son el corazón del Perú.
