Una vez más, el Perú se encuentra ante un escenario que ya resulta dolorosamente familiar para sus ciudadanos: el cambio de presidente. El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Este martes 18 de febrero se elegiría a un nuevo titular del Legislativo, quien asumiría automáticamente la más alta magistratura del país.
De concretarse, se trataría del octavo presidente que ocupa Palacio de Gobierno en apenas una década, una cifra que refleja la profunda crisis institucional que atraviesa la nación andina y que golpea directamente la vida cotidiana de millones de peruanos.
Un país que no logra encontrar estabilidad política
Desde 2016, el Perú ha visto desfilar por la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, este último en su breve paso como presidente del Congreso encargado del Ejecutivo. Cada transición ha venido acompañada de crisis, protestas sociales y un desgaste profundo de la confianza ciudadana en sus instituciones.
La rotación constante en el poder no es solo un dato político: tiene consecuencias reales en la economía, en la inversión y en la calidad de vida de las familias peruanas. Cada nuevo gobierno implica cambios de ministros, de políticas públicas y de prioridades, lo que genera un ambiente de incertidumbre que frena el desarrollo del país.
Para las comunidades andinas, esta inestabilidad se traduce en obras paralizadas, programas sociales interrumpidos y promesas que se renuevan con cada rostro nuevo sin que lleguen a concretarse. Es una herida abierta que se siente con especial fuerza en las regiones más alejadas de Lima.
¿Qué esperan los empresarios del nuevo gobierno?
El sector empresarial peruano ha expresado en diversas oportunidades su preocupación ante la falta de continuidad política. Para quienes invierten en el país, cada cambio de presidente representa un signo de interrogación sobre las reglas de juego económicas.
Los gremios empresariales coinciden en varios puntos fundamentales que esperan del próximo mandatario. En primer lugar, piden estabilidad y predictibilidad en las políticas económicas. Los empresarios necesitan saber que las reglas no cambiarán de la noche a la mañana para poder tomar decisiones de inversión a largo plazo.
En segundo lugar, el sector privado demanda la reactivación de proyectos de infraestructura que han quedado paralizados o retrasados debido a los constantes cambios de gobierno. Carreteras, hospitales, escuelas y obras de saneamiento que las comunidades esperan con urgencia permanecen en el limbo burocrático.
La estabilidad política no es un lujo, es una necesidad básica para que el Perú pueda crecer y generar empleo. Cada cambio de presidente nos cuesta años de desarrollo perdido.
También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, un tema que afecta tanto a las grandes ciudades como a las zonas rurales y que impacta directamente en la actividad económica. La extorsión, el crimen organizado y la inseguridad se han convertido en obstáculos cotidianos para emprendedores y comerciantes en todo el territorio nacional.
El impacto en la vida de las comunidades
Más allá de las cifras macroeconómicas y las expectativas empresariales, la inestabilidad política tiene un rostro humano que se manifiesta en cada pueblo, en cada mercado y en cada hogar peruano. Las familias andinas, que dependen de programas sociales, de la inversión pública en sus regiones y de un Estado que funcione con un mínimo de coherencia, son las más afectadas.
En regiones como Cusco, Puno, Ayacucho y Huancavelica, la desconfianza hacia la clase política ha alcanzado niveles alarmantes. Los ciudadanos sienten que Lima vive en una burbuja donde los políticos se turnan el poder mientras las necesidades básicas de la sierra y la selva quedan permanentemente postergadas.
La agricultura familiar, el turismo comunitario, la pequeña minería y el comercio local necesitan un entorno estable para prosperar. Cada crisis política ahuyenta al turismo, encarece los créditos y paraliza las inversiones que podrían generar empleo en las zonas que más lo necesitan.
Un llamado a la responsabilidad política
La elección del nuevo presidente del Congreso, y por ende del país, se presenta como una oportunidad para que la clase política peruana demuestre un mínimo de responsabilidad con los más de 33 millones de peruanos que merecen un gobierno estable.
Las organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales y los líderes comunitarios han hecho un llamado unánime: el Perú no puede seguir siendo el país de los presidentes efímeros. Se necesita un acuerdo mínimo de gobernabilidad que permita al país avanzar sin importar quién ocupe el sillón presidencial.
La esperanza, sin embargo, no se pierde. El pueblo peruano ha demostrado una y otra vez su resiliencia, su capacidad de organizarse desde las bases y de salir adelante a pesar de las adversidades. Lo que falta es que esa fortaleza comunitaria encuentre eco en quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
El octavo presidente en diez años no debería ser motivo de orgullo ni de resignación, sino un recordatorio urgente de que el Perú merece algo mejor. Y ese algo mejor empieza por escuchar a la gente, a los empresarios, a las comunidades y a todos aquellos que, día a día, construyen el país desde abajo.
