Una vez más, el Perú amanece con un nuevo capítulo de su interminable crisis política. El Congreso de la República ha destituido al presidente interino José Jerí, sumando otro nombre a la larga lista de mandatarios que no logran completar su periodo en el cargo. La noticia, lejos de sorprender, confirma un patrón que ha marcado la vida institucional del país durante los últimos años.
Para muchas familias peruanas, especialmente en las regiones andinas, esta rotación constante en Palacio de Gobierno no es solo un dato político: es la expresión de un sistema que parece alejarse cada vez más de las necesidades reales de la gente.
Una destitución que profundiza la incertidumbre
El Congreso peruano ejerció una vez más su poder para remover al jefe de Estado, una facultad que ha utilizado con una frecuencia inusual en la historia reciente del país. José Jerí, quien ocupaba la presidencia de manera interina, fue vacado por los legisladores en una sesión que refleja las profundas fracturas dentro de la clase política peruana.
Esta destitución se produce en un momento especialmente delicado: el país se encuentra a puertas de las elecciones generales previstas para abril, un proceso que debería representar la oportunidad de los ciudadanos para elegir un rumbo claro. Sin embargo, la constante inestabilidad en la cúpula del poder genera dudas sobre la capacidad institucional para garantizar unos comicios ordenados y legítimos.
Perú ha tenido seis presidentes en los últimos siete años, una cifra que no tiene paralelo en la región y que habla de una democracia que funciona en estado de emergencia permanente.
Un país acostumbrado al cambio de mando
Para entender lo que ocurre hoy en Perú, hay que mirar hacia atrás. Desde la destitución de Martín Vizcarra en noviembre de 2020, pasando por el breve y tumultuoso gobierno de Manuel Merino, la llegada de Francisco Sagasti, el mandato de Pedro Castillo —interrumpido por su propio intento de autogolpe en diciembre de 2022— y la controversial gestión de Dina Boluarte, el país ha vivido en una montaña rusa política que ha erosionado profundamente la confianza ciudadana.
Cada cambio de presidente ha venido acompañado de protestas, represión, muertos y heridos, especialmente en las regiones del sur andino. Comunidades quechuas y aimaras han levantado su voz una y otra vez, pidiendo ser escuchadas por una Lima que muchas veces parece sorda a sus reclamos.
"Ya no sabemos quién manda en el Perú, pero lo que sí sabemos es que nadie gobierna para nosotros", expresó un dirigente comunal de Puno durante las últimas protestas, reflejando un sentimiento compartido por millones de peruanos.
Las elecciones de abril: ¿luz al final del túnel?
Las elecciones generales programadas para abril representan, al menos en teoría, la posibilidad de que el Perú recupere estabilidad institucional. Los peruanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso, con la esperanza de que esta vez el mandato se cumpla completo.
Sin embargo, el panorama electoral no invita al optimismo fácil. La fragmentación partidaria es extrema, con decenas de candidatos y agrupaciones que dificultan la construcción de mayorías sólidas. Según diversas encuestas, ningún candidato supera cómodamente el 15% de intención de voto, lo que anticipa una segunda vuelta reñida y un Congreso nuevamente dividido.
La desconfianza en las instituciones electorales también es un factor preocupante. En las regiones andinas, donde la participación electoral históricamente ha sido alta por obligatoriedad del voto, muchos ciudadanos expresan escepticismo sobre si su voto realmente cambiará algo.
El costo humano de la inestabilidad
Más allá de los nombres que entran y salen de Palacio de Gobierno, la crisis política tiene un costo real en la vida cotidiana de los peruanos. Los proyectos de inversión pública se paralizan con cada cambio de gobierno. Las políticas sociales pierden continuidad. Los programas de apoyo a comunidades rurales quedan en el limbo burocrático.
En regiones como Cusco, Ayacucho, Apurímac y Puno, donde la pobreza sigue afectando a más del 30% de la población según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada mes sin gobierno funcional significa familias que no reciben servicios básicos, obras que no avanzan y promesas que se desvanecen.
La agricultura familiar, columna vertebral de la economía andina, sigue esperando políticas de largo plazo que nunca llegan porque ningún ministro dura lo suficiente para implementarlas.
Lo que viene para el Perú
El camino inmediato implica una nueva transición de mando mientras se define quién asumirá la presidencia interina hasta las elecciones. La línea de sucesión constitucional será nuevamente puesta a prueba, y el Congreso tendrá que demostrar que puede garantizar gobernabilidad mínima en los meses que restan.
La comunidad internacional observa con preocupación. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversas cancillerías han hecho llamados a preservar el orden democrático y garantizar la realización de las elecciones en la fecha prevista.
Para el pueblo peruano, especialmente para las comunidades andinas que han sido históricamente las más afectadas por la inestabilidad, la esperanza se deposita una vez más en las urnas. Pero esta vez, el mensaje es claro: no basta con elegir, hay que exigir que quien sea elegido gobierne para todos, desde Lima hasta la puna más alta.
