El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia de amplio impacto en materia de salud pública al ordenar la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de cinco plaguicidas destinados a la producción de alimentos para el consumo interno. Esta medida busca proteger los derechos fundamentales de la vida, la salud y un ambiente equilibrado ante las deficiencias estructurales del Estado en el control de residuos tóxicos.
Plaguicidas prohibidos temporalmente
Mediante esta resolución, el máximo intérprete de la Constitución concluye que existen falencias graves en la vigilancia sanitaria. Como medida precautoria, se ordena al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) suspender los productos fitosanitarios que contengan las sustancias activas: clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin cuando estos se utilicen en la producción vegetal para el mercado nacional.
Falla estructural en la vigilancia alimentaria
El fallo declara un estado de cosas inconstitucional debido a la insuficiente coordinación entre el Senasa, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esta falta de articulación impide garantizar un control efectivo sobre los residuos presentes en los alimentos que consumen diariamente los peruanos.
Dentro del fundamento legal, se destaca una comparación crítica: existe un doble estándar inaceptable donde a la población nacional se le ofrece lo insalubre mientras que al extranjero se exporta lo inocuo. El magistrado Gutiérrez Tics señaló esta disparidad como parte de las razones para reforzar el sistema de fiscalización, de acuerdo con Retiro de Gentabiot.
Alimentos con mayores niveles de residuos
La decisión del TC se sustenta en información oficial y ciudadana sobre monitoreos realizados entre 2020 y 2023. Productos agrícolas como tomate, pimiento, ají amarillo, apio, cebollita china y betarraga aparecen reiteradamente con muestras que exceden los Límites Máximos de Residuos (LMR). En 2021, el tomate alcanzó un 77,4% de no conformidad.
Compromisos del Estado
El Tribunal ordena al Senasa desarrollar una reevaluación científica reforzada y mejorar la trazabilidad. Se exige inmovilizar productos riesgosos y revisar los límites máximos permitidos bajo el principio precautorio, asegurando que no se espere certeza absoluta para actuar ante indicios de riesgo serio.
