El Gobierno Central ha emitido el Decreto Supremo N.° 124-2026 PCM, mediante el cual se declara estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en ocho provincias del departamento de Arequipa. Esta medida responde al peligro inminente generado por intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La norma tiene como objetivo principal la ejecución inmediata de acciones para reducir el riesgo existente, así como los trabajos de respuesta y rehabilitación necesarios frente a posibles emergencias provocadas por las precipitaciones pluviales.
Alcance territorial en Arequipa
La declaratoria abarca una extensa geografía regional que incluye distritos clave de la costa, sierra y selva baja. En la provincia de Arequipa se encuentran incluidos los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Polobaya, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara y Yura. Asimismo, la medida afecta a Camaná (distritos como José María Quimper, Ocoña y Samuel Pastor), Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, como publicó este diario en Arequipa: 45 distritos declarados en emergencia hídrica por déficit previsto.
Financiamiento sin partida adicional
No obstante la urgencia sanitaria y social que implica la declaratoria, el texto normativo establece una restricción financiera crítica: no se transfiere un presupuesto adicional para el Gobierno Regional de Arequipa ni para los municipios provinciales y distritales. La norma dispone explícitamente que las acciones deberán financiarse con los recursos de los presupuestos institucionales ya existentes en las entidades involucradas, sin demandar dinero extra al Tesoro Público, como publicó este diario en Arequipa: 45 distritos declarados en emergencia hídrica por déficit previsto.
Esta condición implica que el cumplimiento de las medidas de excepción dependerá estrictamente de la disponibilidad presupuestaria actual de cada gobierno local. Durante estos 60 días, las autoridades deberán priorizar labores de prevención y respuesta utilizando los fondos con los que cuentan actualmente, lo cual plantea un desafío operativo significativo para atender eventuales daños en infraestructura y comunidades vulnerables ante el avance del Fenómeno El Niño.
