La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/348 mil 992 en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, ubicado en el departamento de Arequipa. La sanción se debe a la no aplicación de penalidades por mora en la obra de rehabilitación y construcción de la Institución Educativa Pinto Talavera. Este hallazgo fue detallado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 007-2026-2-4602-AC, que evaluó las actuaciones del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de enero de 2026.
Irregularidades en la liquidación contractual
Según los documentos oficiales, la entidad fiscalizadora determinó que se concedieron indebidamente 326 días adicionales al plazo original de ejecución. Legalmente, solo correspondían 287 días para completar las obras. El informe señala específicamente que, para aprobar la liquidación final del contrato, se tomaron en cuenta dos ampliaciones de plazo por un total de 77 días; sin embargo, estas prórrogas ya habían sido rechazadas previamente por la propia comuna distrital.
Esta situación administrativa dilató injustificadamente el cumplimiento contractual y limitó la aplicación efectiva de las penalidades económicas correspondientes. La obra consistía en la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa del Pinto Talavera. El expediente técnico fue aprobado el 29 de julio de 2020 con un presupuesto inicial de S/5 millones 582 mil 804.
Responsabilidad civil contra funcionarios
Frente a estas observaciones técnicas, la Contraloría estableció presunta responsabilidad civil y administrativa. La sanción afecta tanto a un exfuncionario del periodo municipal comprendido entre 2019 y 2022 como a tres funcionarios de la gestión actual. El documento fue notificado formalmente al alcalde del municipio distrital, como contamos en Socabaya: Contraloría detecta pago de S/62 mil por parque inviable.
El reporte indica que los trabajos se iniciaron el 25 de junio de 2021, tras la adjudicación realizada en mayo de ese año por un monto contractual de S/6 millones 162 mil 888. La liquidación final se realizó el 8 de mayo de 2024, con una inversión total que ascendió a S/8 millones 121 mil 515.55. Ante la gravedad de los hechos, la CGR recomendó a la Procuraduría Pública y al Personal Asesor del Sector (PAS) iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el daño patrimonial causado.
