La Municipalidad Distrital de Socabaya, en la región Arequipa, ha sido objeto de una investigación por parte de la Contraloría General de la República que revela un perjuicio económico de 62 mil 350 soles. El hallazgo se centra en el pago realizado a la empresa Construcciones y Servicios Catoga durante el año 2022 para la elaboración del estudio de preinversión y el expediente técnico de un parque de recreación y esparcimiento en La Campiña. Este proyecto resulta inviable para su ejecución, ya que el terreno previsto está atravesado por líneas de alta tensión y no cuenta con la disponibilidad necesaria por parte de la comuna.
Deficiencias técnicas y falta de verificación
Según el Informe de Control Específico N.° 011-2026-2-1313, aprobado por el órgano contralor, los documentos entregados por la contratista no cumplían con los requisitos establecidos en sus términos de referencia. El expediente técnico elaborado carecía de advertencias cruciales: no señalaba que las líneas eléctricas y su respectiva faja de servidumbre impedían construir obras en ese espacio ni indicaba que el terreno correspondía a un área de aporte de reserva de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal).
La Contraloría señala que los servidores y funcionarios municipales otorgaron conformidad y autorizaron los pagos pese a que los documentos estaban incompletos. Esta omisión técnica impide materializar una obra cuyo costo estimado era de 3 millones 55 mil soles, generando un desperdicio de recursos públicos al no poder ejecutarse la infraestructura proyectada, como publicó este diario en Gobierno Regional de Arequipa adeuda S/8 millones a proveedores por emergencias .
Responsabilidad civil y acciones legales
El órgano de control identificó presunta responsabilidad civil en tres funcionarios y exfuncionarios vinculados a la gestión municipal del periodo 2019-2022. Entre ellos se encuentran Gustavo Gómez, quien se desempeñaba como gerente de Desarrollo Urbano, y Shirley Zegarra, subgerente de Obras. La revisión abarcó actuaciones realizadas entre el 15 de setiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con Agencia Andina.
Ante estos hechos, la Contraloría notificó los resultados al alcalde de Socabaya y recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones legales correspondientes. El objetivo es determinar responsabilidades administrativas y civiles para recuperar el dinero comprometido en este proceso que no cumplió con sus objetivos finales.
