La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en la región de Arequipa ha reportado un total de 105 alertas por afectaciones al patrimonio cultural durante el presente año. Harold Loli, jefe de dicha entidad, detalló que hasta el 19 de agosto se registraron estos casos de daño a monumentos, inmuebles históricos y sitios arqueológicos en la zona sur del país.
Desglose de las incidencias patrimoniales
De acuerdo con los datos proporcionados por Loli, de la totalidad de alertas reportadas, 61 corresponden específicamente a atentados contra monumentos arqueológicos. Los restantes 44 casos se refieren a daños o intervenciones no autorizadas en bienes inmuebles que poseen valor histórico. Esta distribución evidencia una presión significativa sobre los vestigios precolombinos y coloniales de la región, así lo reportó Radar Cuzco.
Procedimientos legales y competencia
Sobre el estado actual de estas denuncias, se informó que 40 casos continúan en etapa de investigación preliminar por parte de las autoridades competentes. Por otro lado, otras 40 fueron archivadas debido a la falta de competencia directa de la DDC o porque no constituían una afectación real al patrimonio cultural. Loli subrayó el carácter irreversible de muchas intervenciones: "Principalmente en los sitios arqueológicos, toda intervención ya es irreversible en su gran mayoría, porque es una intervención y es destructiva", más contexto en Arequipa: Contralor detecta S/384 mil de perjuicio por ampliación indebida.
Expansión urbana ilegal
Entre las afectaciones con mayor incidencia se encuentra la apertura de nuevos accesos para carreteras o trochas carrozables, así como el uso del suelo para depósitos de materiales excedentes o fines de vivienda. Un caso emblemático mencionado es Punta de Bombón, en la provincia de Islay, donde una urbanización está expandiendo terrenos residenciales sobre zonas arqueológicas declaradas, tema que ya cubrimos en Arequipa: Contralor detecta S/384 mil de perjuicio por ampliación indebida.
Respuesta institucional
Frente a estos escenarios, la entidad dispuso 20 protecciones provisionales durante el año. Loli afirmó que han comunicado a las autoridades competentes, incluyendo a la Policía Nacional y a los responsables de los presuntos ilícitos, sobre el estatus protegido del sitio para iniciar los procedimientos legales correspondientes con todas las garantías, de acuerdo con IGP reporta 543 sismos en Perú y señala zonas con mayor riesgo sísmico.
Sanciones y vía judicial
Respecto a la capacidad sancionadora, esta atribución recae en la Dirección de Defensa. Sin embargo, ya existen resoluciones que ordenan demoliciones o el desalojo de estructuras ilegales para revertir los daños. El funcionario señaló que las partes involucradas suelen recurrir a acciones judiciales como amparos, lo que alarga los procesos bajo el marco legal vigente.
