En el primer semestre del año 2026, la violencia criminal ha cobrado tres vidas de autoridades locales en Perú. Los asesinatos de Edward Amoroto (Los Aquijes), Iroshi Ureta Campos (Coviriali) y Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre) ocurrieron entre enero y mayo en las regiones de Ica, Junín y Piura respectivamente. Estos hechos representan un desafío directo para el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, quien deberá enfrentar una problemática de inseguridad que ataca directamente a la capacidad de gobernar del Estado.
El costo humano y político
La tragedia afecta profundamente a las comunidades y sus familias. Paz Calle, madre de Víctor Hugo Febre, expresó su dolor al recordar el asesinato de su hijo ocurrido el 21 de mayo en Piura. La policía detuvo al presunto sicario y a otras seis personas, incluyendo a la regidora Patricia Niño, quien cumple prisión preventiva. El caso ilustra cómo las disputas internas y los intereses económicos pueden derivar en violencia extrema contra quienes ejercen cargos públicos.
La estrategia del crimen organizado
Especialistas como el criminólogo José Villaorduña señalan que estos atentados buscan demostrar poder territorial. Al apuntar a alcaldes, las organizaciones criminales atacan la gobernanza local y la capacidad fiscalizadora de los municipios. La tensa relación entre poderes del Estado ha sido aprovechada para debilitar la presencia estatal en territorios clave.
Recomendaciones técnicas
Frente a este escenario, expertos como Carlos Basombrío recomiendan dejar atrás las declaratorias de estados de emergencia, que han mostrado limitaciones. En su lugar, se debe fortalecer los equipos de inteligencia policial y derogar leyes que dificultan la lucha contra el crimen organizado.
