La presidenta Keiko Fujimori negó categóricamente que el empresario argentino Damián Valenzuela forme parte del actual Gobierno. Esta declaración se produce en medio de un intenso escrutinio público sobre la cercanía entre ambos, evidenciado por su presencia conjunta en lugares privados como un spa antes de asumir el cargo presidencial. Tanto la mandataria como integrantes de su gabinete han sostenido que Valenzuela no ostenta ningún cargo oficial ni remunerado dentro de la estructura estatal.
Asesoría ad honorem y cuestionamientos
Fujimori, junto con miembros del gabinete ministerial, ha señalado que el rol de Valenzuela se limitó a ser un asesor ad honorem. Según la versión oficial, el empresario argentino se acercó a la mandataria para ofrecer sus servicios de manera desinteresada. Sin embargo, esta explicación no ha calado en todos los sectores políticos y sociales, donde persisten las dudas sobre su influencia real durante la campaña electoral y tras la toma de posesión.
La controversia cobró mayor relevancia pública cuando se conoció que Fujimori asistió junto a Valenzuela al establecimiento termal Santa Catalina el pasado 11 de julio. Además, las imágenes del empresario en actividades vinculadas directamente al entorno político de la presidenta, incluyendo su juramentación y la del gabinete ministerial, han alimentado los debates sobre su estatus real dentro de la administración.
Defensa legal y negación de condenas penales
Frente a las acusaciones que vinculan al empresario con antecedentes judiciales por incumplimientos financieros en Florida (Estados Unidos) y resoluciones millonarias en su contra, Damián Valenzuela ha emitido una firme defensa. En una carta notarial, el argentino aseguró no tener condenas penales por estafa, fraude ni delitos patrimoniales, tema que ya cubrimos en Gobierno Keiko Fujimori rompe norma y nombra viceministro quebrantando ley.
Valenzuela sostiene que los procedimientos judiciales mencionados en las informaciones difundidas sobre él corresponden a procesos civiles y no penales. Diferencia explícitamente entre la responsabilidad civil y penal para desvincularse de las etiquetas delictivas. Su abogado ha enviado una carta notarial advirtiendo que, de no producirse una rectificación dentro de los plazos establecidos, se iniciarían acciones legales por presunta difamación agravada.
La defensa legal busca proteger el honor y la reputación profesional del empresario, quien considera falsas las referencias a supuestas condenas penales. Mientras tanto, algunos ministros han reconocido haber conocido al hombre durante la campaña electoral, aunque no precisaron cuáles fueron exactamente sus funciones ni el alcance de su participación en los espacios gubernamentales.
